La Federación JUM, organismo ecuménico que trabaja acompañando a los pueblos originarios del norte argentino, expresa su profundo rechazo y exige medidas inmediatas, tras la violenta agresión policial en la localidad de Fontana, Provincia de Chaco, donde se atentó contra una familia de la comunidad Qom. El ataque fue filmado y luego viralizado, y para el organismo «recuerda a las peores épocas de nuestro país». El gobierno provincial decidió separar de su cargo a los oficiales implicados.
A continuación dejamos la declaración pública de la Federación JUM ante la brutal agresión cometida por oficiales de la comisaría 3era de la localidad argentina de Fontana, en la Provincia de Chaco. En la noche del sábado, un grupo de uniformados irrumpió ilegal y violentamente en una casa de integrantes de la comunidad Qom, que fueron víctimas de golpes, torturas y abusos sexuales. Algunos oficiales rociaron con alcohol a mujeres y menores bajo amenaza de prenderlas fuego. Este suceso no es anecdótico y es parte de la brutal y constante violencia institucional que sufren los pueblos originarios, particularmente en las periferias de las grandes ciudades de Chaco, situación que se ve agravada por las medidas sanitarias de confinamiento con denuncias de intentos de «guetización» de los barrios Qom.
Ante los graves hechos de brutalidad policial de público conocimiento ocurridos el sábado 30/05/2020 en la localidad de Fontana, Chaco, la Federación Junta Unida de Misiones (JUM) expresa su profundo rechazo y exige medidas inmediatas.
El accionar policial recuerda las peores épocas de nuestro país, cuando dicha fuerza era parte del ejercicio del terrorismo de estado. Los hechos dejan al descubierto la discriminación ejercida desde instituciones públicas, las cuales debieran garantizar la seguridad psicofísica sin hacer diferencia por género, etnia o condición económica.
Lamentablemente, no son hechos aislados. La Federación JUM integrada por la Iglesia de los Discípulos de Cristo (IDC), Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata (IEVRP) e Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), camina junto a los pueblos Indígenas desde hace 56 años y es testigo de sistemáticas violaciones a sus Derechos en la provincia. JUM acompaña el desarrollo
integral de los pueblos indígenas que implica el ejercicio de todos sus derechos, especialmente el derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental que se debe garantizar en una sociedad democrática, participativa e igualitaria.
Nuestra institución y las 4 iglesias miembro se estremecen, ante los hechos de persecución y violencia hacia los pueblos indígenas, hechos documentados y de gran difusión, que son de público conocimiento acontecidos en la Provincia del Chaco, más precisamente con la comunidad Qom en la localidad de Fontana. Los mismos se suman a la injusta realidad, que están pasando nuestros hermanos y hermanas no sólo debido a la falta de cobertura de necesidades básicas sino también por enfermedades fruto de la desatención estatal, como el Dengue, Tuberculosis, Chagas y Lepra.
Por otra parte, JUM ha advertido al Estado Provincial en distintas oportunidades sobre los riesgos crecientes que afrontan los pueblos indígenas en la región, especialmente, respecto a los conflictos territoriales y ambientales asociados a las actividades extractivas, los cuales, a su vez, inciden directamente en el derecho a la alimentación, al agua y a la salud. Asimismo, JUM reconoce la importancia de los pueblos indígenas en la protección de la naturaleza y remarca que respetar el vínculo que los une con sus territorios es fundamental para su existencia.
La instituciones Públicas deberían prevenir y garantizar la seguridad psicofísica sin diferencia de género, etnia o condición económica. Por el contrario, ejercen una discriminación inconstitucional promoviendo la estigmatización y criminalización “etiquetando” a los pueblos vulnerables como parte de la propagación del COVID-19, discurso que lamentablemente se multiplica en algunos medios de comunicación. El impacto sobre las conductas individuales, sociales e incluso institucionales es alarmante.
En vistas de fortalecer acciones de prevención de la violencia contra los pueblos indígenas y promover acciones que garanticen el cumplimiento sus derechos, exigimos:
1. Una investigación detallada a conciencia y razonable, en lo administrativo y judicial, en dónde se determinen las responsabilidades de todos los/as actores involucrados en los hechos, especialmente de los/as responsables de cada área de gobierno.
2. Que se condenen las declaraciones del Jefe de Policía Fernando Romero -que pretenden reducir los hechos a simples “excesos”- y se asegure la protección de las víctimas.
3. Que el Estado en sus tres poderes tome acciones concretas para erradicar el racismo institucionalizado. La destitución y enjuiciamiento de los policías involucrados no es suficiente. Se deben implementar políticas públicas en todas las instituciones del estado que garanticen los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. En este sentido, y siguiendo el ejemplo de la «Ley Micaela», es necesario establecer la capacitación obligatoria de todas las personas que se desempeñan en la función pública provincial en las temáticas relacionadas a
los pueblos indígenas, incluyendo el derecho internacional, nacional y provincial al respecto.
4. Que se respete durante la pandemia COVID-19 el derecho a la salud en su total dimensión, como máximo nivel de bienestar psicofísico, y el derecho de carácter nacional e internacional a la autodeterminación de los pueblos indígenas desde los enfoques de interculturalidad, género y solidaridad intergeneracional. Que sean involucrados de manera urgente en la formulación e implementación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención médica, mediante la inclusión de sus entidades representativas.
5. Que se adopten medidas específicas para Pueblos Indígenas orientadas a mitigar los efectos socioeconómicos producidos por las acciones sanitarias durante la pandemia, respetando el principio de igualdad y no discriminación como expresa nuestra constitución nacional y provincial, no como una dádiva forzada, sino con la convicción que legal y humanamente es lo que corresponde.
6. Que el estado se abstenga, en el marco del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos, de explotación o desarrollo en los alrededores de los territorios de los pueblos indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada de conformidad con los estándares internacionales aplicables.
Les saludamos deseando Justicia y Paz para todos los pueblos de nuestro País.
