Los pueblos originarios de América Latina sufren históricamente el despojo de sus tierras ancestrales y la violencia racial basada en ideologías supremacistas instaladas en los tiempos del saqueo y la conquista. En el Chaco argentino, dos mujeres de la etnia Qom fueron brutalmente atacadas por un grupo denominado «Fuerza Criolla» que asedia a las poblaciones originarias reclamando como propias las tierras ancestrales que el Estado se demora en asignarles.
Aún cuando la legislación internacional y los diferentes Estados de la región generan avances jurídicos para el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra y la tutela de las identidades originarias, la situación en los diferentes territorios dista de ser óptima: los derechos básicos para las diferentes etnias, comunidades, tríbus y organizaciones de pueblos originarios se ven disminuidos por la inacción de agencias gubernamentales y el acoso constante de poblaciones locales.
En el caso particular de Miraflores, provincia de Chaco, al norte de la República Argentina, el lote 88 responde a un reclamo histórico de un territorio ancestral de la comunidad Qom, acordada por la Provincia de Chaco tras una peripecia judicial que parecía concluirse en 2012, cuando la justicia dictaminó que la autoridad provincial debía entregar los títulos de propiedad comunitaria a familiares del líder Qom Epifanio Leiva. Según detalla Litigio, publicación argentina especializada, este reclamo no encontró respuesta política hasta diciembre de 2020 cuando el gobernador se manifestó públicamente con respecto al cumplimiento de dicho fallo: pero la situación sigue invariada. A esto se debe sumar la existencia de grupos de colonos criollos que reclaman como propias las tierras del lote 88 y otros lotes afectados por la medida judicial. En el marco de acción de dichos colonos, surge la organización «Fuerza Criolla», que a través de un discurso completamente racista y supremacista busca expulsar a los pueblos originarios y usurpar de forma ilegal estos territorios en litigio. Efectivamente muchos se encuentran radicados en la zona y cuentan con complicidad de autoridades locales, al punto que la situación de violencia extrema que sufrieron dos mujeres artesanas Qom el día 2 de agosto, se debió a que fueron a consultar con personal de la empresa de energía eléctrica, sobre el motivo de su presencia en el territorio ancestral. Los operarios estaban instalando la conexión eléctrica a colonos radicados en el lugar. En base al acuerdo judicial, algunos colonos se quedarían en el lugar previa firma de un comodato, a partir del cual podrían contar con instalación de luz y agua. Pero al aproximarse las mujeres Qom a los funcionarios, las familias del lugar respondieron convocando a personas de la agrupación «Fuerza criolla» quienes asediaron a las mujeres y las golpearon salvajemente.
La denuncia fue realizada en la comisaría del lugar, tras insistencia de una de las damnificadas, y la atención del hospital local fue la indispensable, siendo atacadas verbalmente por su condición de originarias. Posteriormente, la abogada de las mujeres Qom, Carolina Aquino, denunciará al intendente de la localidad por desobediencia judicial. “Muchas de las situaciones de violencia que ocurren en Miraflores se pueden evitar, principalmente dando la información correcta y adoptando las medidas pertinentes conforme a la ley”, advirtió Aquino.
Precisamente, la inacción en la entrega del territorio a las poblaciones Qom, sirve de plataforma de acción para organizaciones de vecinos como «Fuerza Criolla», que aglutinan discursos de odio y pretensiones supremacistas de apropiación de tierras reconocidas como de propiedad indígena.
Acompañamos a los pueblos originarios en sus trayectos de lucha y recuperación de territorios, para el ejercicio de sus derechos básicos y culturales, el reconocimiento de su identidad. Nuestras iglesias miembros son activas en la defensa y colaboración con organizaciones étnicas, a través de diferentes obras diacónicas y misiones en territorio. Rechazamos la violencia física y simbólica de las organizaciones supremacistas, que entrecruzan reclamos en base a sus derechos y necesidades inherentes con ideologías excluyentes de quienes habitan históricamente la región. Exigimos a todas las instituciones el respeto a la ley que consagra y dictamina el derecho a la propiedad de sus tierras ancestrales.
